El 94% de los habitantes de las principales ciudades de Chiapas asegura que los empleados de gobierno abusan de sus funciones para obtener beneficios personales, según señala la encuesta más reciente de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A propósito de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, los datos indican que en dos años, la percepción de corrupción en Chiapas tuvo una variación importante, mientras que en el 2013 el 84.3% de la población ─mayor de 18 años─ aseguró desconfiar de distintas instituciones por este delito, en el 2015 la cifra incrementó al 94%.
De esta forma, Chiapas junto con la Ciudad de México (con un 95.1%) y Tabasco (con 94.1%) son los estados del país donde más desconfían de los trabajadores de gobierno, en contraste con Querétaro (73.3 por ciento), Yucatán (75.3 por ciento) e Hidalgo (77.6 por ciento), estados que registraron la menor percepción de corrupción.
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Aunque la mayor parte de la población percibe o es víctima de actos de corrupción por parte de organismos gubernamentales, el 93.3 por ciento de los mexicanos no presentó una queja; ello puede explicar el por qué Chiapas no figura entre los estados que presentan el mayor número de víctimas por actos de este tipo como Estado de México, Sinaloa y Chihuahua, que encabezan la lista de estados con el mayor número de casos de corrupción denunciados, con 62 mil 160, 58 mil 232 y 36 mil 472, respectivamente.
LOS MÁS CORRUPTOS
Según la encuesta, ocho de cada 10 mexicanos ubicó a los policías, partidos políticos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, diputados y senadores como los organismos más corruptos del país.
En este sentido, el Inegi asegura que quienes son más propensos a sufrir actos de corrupción son los ciudadanos con mayor nivel de escolaridad, por el contrario, quienes tienen niveles más bajos tienen menos posibilidades.
En cuanto a las edades, los datos registran que el 20.5 por ciento de los hombres de 18 años han experimentado la corrupción al momento de realizar un trámite, pago, solicitud de servicio o tener contacto con un servidor público, las mujeres solo registraron el 9.3 por ciento.
El enriquecimiento ilícito de funcionaros públicos, el uso indebido de información privilegiada, el comercio de influencias o incluso el pago para evitar una infracción o para agilizar trámites de servicio son actos de corrupción.